Rechazo al acuerdo nuclear con reprocesamiento de combustible usado entre la Argentina y Australia

FUNAM denunció al gobierno de la provincia de Río Negro y a la empresa INVAP por la insistencia en sostener un acuerdo nuclear que implica el procesamiento en territorio argentino de combustible nuclear usado de otro país

La Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), de Córdoba, denunció que la empresa Investigaciones Aplicadas (INVAP) -una sociedad entre la provincia de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica-, logró que ese estado provincial ceda la totalidad de las acciones que tenía en la empresa a favor del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que constituye un nuevo aval para la participación argentina en la construcción de un reactor nuclear en Australia.

El contrato por us$ 180 millones contempla la participación de empresas australianas, las que realizarán trabajos por el equivalente a la mitad del monto total estimado para la obra. Se trata de la construcción y puesta en marcha de un reactor de experimentación de reemplazo de otro vetusto, localizado en Lucas Height, en las cercanías de Sidney.

El cuestionamiento principal al contrato radica en que "establece que el combustible nuclear usado no será reprocesado en Australia, sino en la Argentina", lo cual viola el Artículo 41 de la Constitución Nacional argentina. (*)

El acuerdo binacional que da marco al negocio nuclear fue convalidado por el Senado de la Nación, pero rechazado por la Cámara de Diputados en la sesión del 29 de noviembre de 2001, cuerpo que remitió el proyecto para su revisión a las comisiones parlamentarias pertinentes. Los diputados esgrimieron el fundamento de la "violación de la Constitución Nacional" que implica el convenio y del "derecho de los ciudadanos a conocer el detalle del contrato, ya que implica convertir al país en receptor de residuos nucleares".

Uno de los argumentos utilizados por quienes defienden el acuerdo entre INVAP y Australia es que el ingreso de los combustibles gastados o irradiados al territorio nacional no es violatorio de la prohibición constitucional, ya que esos combustibles quemados no serían residuos radiactivos. De todos modos es material irradiado. Pero según la Ley Nacional 25.018/98 llamada "Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos", se entiende por residuo radiactivo entre otras cosas a los combustibles gastados o irradiados de un reactor nuclear. La ley no establece ningún tipo de distinción entre "residuos radiactivos" y "combustibles irradiados", como así tampoco en cuanto a el tiempo de permanencia, esto es si se trata de una importación temporaria o permanente.(**)

La organización alertó también sobre "el inminente derrumbe de la industria del reprocesado de basura nuclear en Gran Bretaña", industria "sucia y altamente peligrosa, que es impulsada en la Argentina por INVAP", dijo Raúl Montenegro, presidente de la fundación.

Según la versión, British Energy, la mayor generadora privada de energía nuclear que tiene Gran Bretaña, le comunicó al gobierno de ese país su intención de no enviar más combustible nuclear agotado a la planta de reprocesamiento de Sellafield. Esta planta es operada por la gubernamental "British Nuclear Fuel Limited" (BNFL). Robbin Jeffrey, directivo de British Energy, cargó contra el gobierno de Gran Bretaña y los prohibitivos costos del reprocesamiento de basura nuclear. Jeffrey indicó que desde la firma de contratos con BNFL, que es la empresa tratadora de residuos radiactivos, "los precios de la electricidad bajaron un 30 % y los costos del tratamiento de la basura nuclear subieron un 11 %". 'British Energy' dejó de enviar a Sellafield los residuos radiactivos de su reactor nuclear de Sizewell. Jeffrey advirtió que su compañía se trasladaría a los Estados Unidos si sus actividades "no dan beneficios".

Reprocesar basura nuclear es la condición

Montenegro indicó que INVAP "sigue operando sigilosamente para que los argentinos no sepamos que su contrato con Australia nos convierte en lugar de tratamiento para la basura nuclear del mundo, lo cual podría transformarnos en una imitación local de las plantas de reprocesamiento de Sellafield y La Hague, dos de los lugares más peligrosos del planeta". El contrato "sigue siendo secreto" y para evitar la reacción de los argentinos "INVAP promovió la firma de un acuerdo de cooperación nuclear entre Australia y la Argentina", sostuvo.

El contrato con Australia fue enfáticamente defendido por el ex presidente Fernando de la Rúa, su canciller Rodríguez Giavarini, y por el otrora opositor senador Eduardo Menem (Partido Justicialista).

"La planta de reprocesamiento de Sellafield, prototipo de la que habría que construir en la Argentina para tratar la basura nuclear australiana, contaminó radiactivamente el suelo y el mar de Gran Bretaña. Sellafield también estuvo involucrada en un escándalo comercial con el Japón, ya que le envió remesas de Plutonio que no respetaban los estándares de calidad fijados por contrato. El Plutonio es un material radiactivo que se extrae del combustible nuclear agotado y que puede ser utilizado para la fabricación de artefactos nucleares" afirma el comunicado.

"Nuestros diputados deberían leer el informe técnico que encargó la Comunidad Europea al grupo consultor WISE París -dijo Montenegro-, y que se distribuyó públicamente a fines de 2001. Allí podrán comprobar los enormes riesgos implícitos en el tratamiento de basura nuclear, y los impactos sanitarios y ambientales que produjeron las plantas de reprocesamiento de La Hague en Francia, y de Sellafield en Gran Bretaña". El informe fue elaborado desde WISE París por un equipo de 9 expertos dirigido por Mycle Schneider, especialista en Plutonio 239 y ganador del Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award).

El informe puede consultarse en http://www.wiseparis.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf

"Es inadmisible que gobiernos provinciales con crisis financieras tan graves como la nacional apoyen estas iniciativas, que además de ilegales significan beneficios económicos despreciables en comparación con los riesgos para el país. Los 90 millones de dólares del contrato que le corresponderían a INVAP no compensan la venta de nuestra dignidad y de nuestra seguridad. El gobierno de Río Negro también habría violado la Constitución, y contribuido, significativamente, para que la Argentina sea basurero nuclear del mundo. El contrato no nos coloca a la vanguardia de nada, porque cambia la venta de una tecnología por basura nuclear a domicilio, todo ello a espaldas de la gente. Tanto INVAP como CNEA y los ex funcionarios de Fernando de la Rúa que apoyaron el proyecto deben saber que por ahora los protege el sigilo y discreción con que se hizo la parte sucia del contrato. Pero el día que todos los argentinos sepan de qué se trata, y cómo una empresa vendió su dignidad disfrazándola de logro, ya nada será igual", sostuvo Raúl Montenegro.

(*)Artículo 41 de la Constitución Nacional: prohibe "el ingreso al territorio Nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos."

(**) Artículo 3 del Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos, Ley 25.018: "A efectos de la presente ley se entiende por residuo radiactivo todo material radiactivo, combinado o no con material no radiactivo, que haya sido utilizado en procesos productivos o aplicaciones, para los cuales no se prevean usos inmediatos posteriores en la misma instalación, y que, por sus características radiológicas no puedan ser dispersados en el ambiente de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear."

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