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Acción
de Amparo de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires
Contra el Acuerdo Nuclear con Australia
Como
resultado de la presentación que hizo la Fundación
para la Defensa del Ambiente de (FUNAM) en la
Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires
en 2000, este organismo inició una acción de
amparo contra el Estado Nacional. Ello para lograr "acceder
a la información" del contrato que firmaron ANSTO
de Australia e INVAP de la Argentina. Una de sus cláusulas
prevé el ingreso de basura nuclear australiana para
su tratamiento en el país.
Raúl
Montenegro, presidente de FUNAM, indicó
que se le informó al organismo que "atento
a la gravedad de la situación, esto es, que puedan
entrar residuos radiactivos a nuestro país, ser transportados
por rutas de distintas jurisdicciones y provincias, incluida
Capital Federal, y ser depositados y procesados en la localidad
de Ezeiza (...) haciendo correr riesgos de impredecibles consecuencias
(...)". También le pedimos que adoptara "medidas
urgentes y perentorias". En la misma Carta Documento
le solicitaron a Antonio Brailovsky que intimara a
INVAP "a fin de que remita copia del Contrato"
y lo hiciera público.
Montenegro
indicó que "el 10 de octubre también
le enviamos la misma Carta Documento al Secretario de Ambiente
de la Nación, Oscar Massei, al Gobernador de Río
Negro, Pablo Verani, al Gobernador de Buenos Aires Carlos
Ruckauf, y a José Carvalho del Consejo del Medio Ambiente
de Río Negro. Veinte días después, con
más información, les remitimos cartas Documento
denunciando la importación de basura nuclear australiana
a Antonio Cafiero, de la Cámara de Senadores, a Mabel
Muller de la Cámara de Diputados y a Rodríguez
Giavarini, de Cancillería (30 de agosto de 2000)".
"Como
resultado de la presentación el Defensor Adjunto del
Pueblo, Antonio Brailovsky, el 12 de octubre, inició
la actuación n° 4136/00. Esta nota fue firmada
por Lina da Silva, Jefa del Area de Despacho de la Defensoría",
agregó.
La
Defensoría le habría requerido entonces a la
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
copia del polémico Contrato además de información
precisa sobre el ingreso de basura nuclear australiana a la
Argentina. Pero esa información nunca habría
llegado a la Defensoría.
De
allí que la Defensoría del Pueblo, inició
una Acción de Amparo para el acceso a la información
contra el Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Recursos
Naturales y Desarrollo Sustentable, por la omisión
de informar en forma suficiente, adecuada y oportuna ante
el requerimiento formal destinado a la protección de
ese interés jurídico.
La
casusa se halla en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 2, del Dr. Sergio Fernández, Secretaría
N° 3 de la Dra. Estela M. Arberas" y según
la Defensoría del Pueblo "el proceso se encuentra
actualmente en pleno trámite".
Montenegro
advirtió que "independientemente del éxito
que tenga esta presentación quedó demostrado
que cuando un Contrato y luego un Acuerdo Nuclear violan la
Constitución y la Ley Nacional de Residuos Peligrosos
esos delitos no quedan impunes. Es una cuestión de
tiempo. Más tarde o más temprano la Justicia
Penal y Administrativa se expedirán". Recordó
que "se siguen sumando nuevas presentaciones"
y mencionó, como ejemplo, la denuncia penal contra
el Ministro de Ciencia de Australia, Peter McGauran, "iniciada
por FUNAM en el Fiscalía Federal n° 3 de Córdoba",
y el Recurso de Amparo presentado por Juan Schroder
en la Justicia de Bahía Blanca.
Agregó
además que "ningún acuerdo internacional
firmado por la Argentina tuvo tanta ilegalidad ni al mismo
tiempo tanto rechazo público e institucional como el
que se suscribió con Australia. A esta altura de los
acontecimientos, y con un 86% de la población argentina
en contra del ingreso de basura radiactiva desde Australia,
ni siquiera la aprobación del Acuerdo Nuclear en Diputados
podrá salvarlo de su inconstitucionalidad".
Se refirió también a la denuncia penal presentada
por los Fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado,
y que fuera desestimada por el Fiscal Carlos Rívolo,
e indicó
que para el Fiscal "no se puede actuar penalmente
a futuro". Pero él mismo, dejó un importante
precedente al indicar que para la Argentina "sería
grave (...) el hecho de que entraran (los combustibles)
aunque sea temporalmente".
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