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Esclarecedora reunión en
la Legislatura de Córdoba
sobre
el polémico
Acuerdo
Nuclear con Australia
El
doctor Antonio María Hernández, Presidente
de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional,
reiteró en la ciudad de Córdoba que el contrato
comercial entre INVAP S.E. (de la Argentina) y
ANSTO (de Australia), por la compra de un reactor
nuclear, además de violar el artículo 41
de la Constitución Nacional, vulnera el principio republicano
establecido en el artículo 1 de la Carta Magna.
Esta es sólo una de las razones para su rechazo que
se dio en la Reunión sobre la Inconstitucionalidad
del Acuerdo Nuclear con Austra, realizada el 5 de noviembre
de 2002, en la Comisión de Asuntos Ecológicos
de la Unicameral de Córdoba.
La
Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM),
una de las organizaciones denunciantes, participó
del debate organizado por la Comisión de Asuntos Ecológicos
junto a otras entidades intermedias y miembros de la comunidad.
El presidente de la comisión legislativa, Víctor
Molina, indicó que este encuentro era fundamental
para que los legisladores tuvieran una mayor información
para expedirse sobre el tema. Al encuentro, realizado en la
Sala Regino Maders de la legislatura cordobesa, asistieron,
entre otros, el prestigioso constitucionalista Antonio
María Hernández, el ex Vicepresidente Víctor
Martínez, representantes de las organizaciones ambientalistas
no gubernamentales FUNAM, ACUDE, CEDHA, Tierra Alerta y PANTA,
el subgerente General de INVAP, Hugo Albani, el Presidente
de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, Alberto
Maiztegui, y José María Dentone, asesor de INVAP.
Después de una introducción a cargo de Hugo
Albani y otros miembros de INVAP, disertó el Dr.
Antonio María Hernández, quien indicó
que el acuerdo entre INVAP y ANSTO además de violar
el artículo 41 de la Constitución Nacional,
vulnera el principio republicano establecido en el artículo
1 de la Carta Magna.
Reiteró además que el Acuerdo "viola
el artículo 27 de la Constitución Nacional que
establece que todo tratado con otro país debe estar
de acuerdo con los principios de derecho público establecido
en la Constitución". Dijo también,
que tanto el contrato como el acuerdo "son inconstitucionales
y reinvindicó el derecho de los municipios y provincias
a declararse no nucleares".
En
sus intervenciones los representantes de INVAP mantuvieron
la misma posición que sostienen desde fines del 2000,
cuando FUNAM y Greenpeace denunciaron que además de
la venta de un reactor nuclear también existía
una cláusula que preveía el ingreso de residuos
radiactivos desde Australia. El
subgerente General de INVAP, Hugo Albani expresó
que el contrato "por ser privado no podía hacerse
público, pero que si la Justicia lo ordenaba lo entregarían".
El biólogo Raúl Montenegro, presidente de
FUNAM indicó que el pacto "establece sin
consulta previa una alta política de la Nación,
lo que es inaceptable. El contrato incorpora nuestro país
a las escasas tres naciones que tratan comercialmente basura
nuclear extranjera y que son Gran Bretaña, Francia
y Rusia. La ciudadanía debe saber que ésta es
una de las industrias más sucias, contaminantes y peligrosas
del planeta" y que por eso "la mayor parte
de los países del primer mundo decidió por voluntad
propia no tratar residuos radiactivos extranjeros".
Federico
Kopta, de ACUDE,
indicó que en una encuesta nacional "el 86
% de los entrevistados se manifestó en contra del ingreso
de los residuos radiactivos de Australia". Agregó
que "cuando realizamos esta misma encuesta en la ciudad
de Córdoba sobre un total de 343 personas se obtuvo
el mismo porcentaje".
El
titular de la Comisión de Asuntos Ecológicos,
Víctor Molina, dijo que se "opone"
al acuerdo e indicó que "había presentado
un Proyecto de Declaración donde se solicita a la Cámara
de Diputados de la Nación que rechace dicho acuerdo".
Comunicado
de Prensa de FUNAM
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