La Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) no tiene las instalaciones
ni la tecnología necesarias para procesar la basura
nuclear que producirá el reactor nuclear vendido a
Australia, y en el supuesto que lo logre, habilitará
la posibilidad de que aparezcan contratos similares con otros
países, mientras el Parlamento argentino no ha fijado
aún una política de manejo de los residuos radiactivos.
Para el eventual tratamiento tendría que firmarse
un nuevo contrato y ello conlleva que la CNEA deberá
construir la infraestructura, para lo cual requerirá
nuevos fondos del presupuesto nacional. Dichos servicios deberán
estar disponibles antes de 2014, fecha probable de envío
de los primeros residuos radiactivos australianos.
Así describe la situación actual el
biólogo Raúl Montenegro, profesor de Biología
Evolutiva Humana en la Universidad Nacional de Córdoba
y presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente
(FUNAM) de esa ciudad, en una nota
dirigida a la Cámara de Diputados de la Nación,
en momentos en que ese cuerpo legislativo se enfrenta a la
toma de una decisión sobre el convenio de cooperación
nuclear con Australia, el que fue declarado en más
una oportunidad como violatorio de la Constitución
Nacional.
Los conceptos expuestos arriba coinciden con lo expresado
hace un año por el embajador Raúl Estrada Oyuela,
titular del departamento de Asuntos Ambientales de la Cancillería,
al ser consultado por EL GLOBO sobre el mismo tema.
(Ver nota aparte)
Montenegro recuerda que la CNEA no está en
condiciones de afrontar el tratamiento de la basura nuclear
australiana porque ni siquiera ha podido abordar el tratamiento
de los residuos que ella misma produce en la Argentina.
Y puntualiza:
a) “La CNEA no ha remediado como debía
las minas de uranio de San Rafael y Malargüe en Mendoza,
ni la de Los Gigantes en Córdoba. El desmanejo ambiental
de estas minas es de tal envergadura, que en Córdoba
por ejemplo el organismo trata de obtener un permiso del gobierno
para poder descargar 20.000 metros cúbicos de líquidos
residuales al arroyo Cajón, afluente del San Antonio.
Vecinos y organizaciones del Valle de Punilla se han movilizado,
y no permitirán que la CNEA afecte el río que
pasa por la ciudad de Villa Carlos Paz. En San Rafael, por
ejemplo, existe una masiva oposición de la comunidad
y de los productores a la reapertura de la mina de Sierra
Pintada. Recién en 2003 la comunidad pudo conocer que
la mina no había sido remediada, que albergaba enormes
volúmenes de líquidos contaminados y que sectores
de las membranas de su gran dique estan rotos.
b) “La CNEA y Dioxitek S.A. tienen almacenadas
más de 36.000 toneladas de residuos de uranio de baja
radiactividad en un barrio densamente poblado de la ciudad
de Córdoba, donde fueron colocados sin tratamiento
previo y sin membranas. Es uno de los pocos casos en el mundo
en que una planta para fabricar dióxido de uranio enterró
sus residuos en un barrio densamente poblado (La
Fraternidad, Alta Córdoba). Actualmente
no hay recursos ni proyectos inmediatos para solucionar este
problema extremadamente grave. Lo que es más, CNEA
pretende trasladar la fábrica de dióxido de
uranio a San Rafael (donde la comunidad tampoco
la quiere) sin haber tratado previamente el enorme
basural de uranio que yace en barrio La Fraternidad.
c) “La CNEA tampoco ha logrado una remediación
absoluta y prolija de las minas de Pichiñán
en Chubut, Tonco en Salta, Malargüe en Mendoza (donde
recién este año comenzó a abordarse la
remediación), La Estela en San Luis, y
Los Colorados en La Rioja. En octubre de 2002 Ulises Naranjo,
del diario Uno de Mendoza escribía: “a
pocos metros de la plaza departamental de Malargüe hay
desde la década de 1970 un depósito con 700
toneladas de uranio que comprende unas dos hectáreas.
El delicado asunto ya se ha debatido bastante, pero ahora
vuelve a la cornisa, pues en el Congreso nacional se analiza
un Acuerdo Nuclear con Australia” (Uno, 8 de octubre
de 2002). Los medios y la comunidad han comenzado
a preguntarse cómo la CNEA, que ha producido semejantes
desastres ambientales, puede pretender hacerse cargo del tratamiento
de la basura nuclear australiana.
d) “Pero lo más inadmisible es que en
Ezeiza, el sitio al cual vendría la basura nuclear
australiana para su tratamiento, la CNEA ha estado contaminando
el ambiente con residuos radiactivos de baja y de media radiactividad.
“La gravedad de esta contaminación quedó
expuesta en el párrafo 5 del informe de la CNEA, que
elaboró Marcelo Yrigoyen en 1957: “La
eliminación de residuos líquidos radiactivos
por infiltración forzada en napas profundas es muy
peligrosa, por el aprovechamiento casi total de las distintas
napas del subsuelo y por existir graves problemas de contaminación
de las mismas, al estar intercomunicados entre sí en
mayor o menor grado” (M. Irigoyen, 1957, “Informe
geológico preliminar del campo de la CNEA de Ezeiza”,
Conclusiones y recomendaciones, Punto 5). Treinta
años después, en 1987, el propio INCYTH volvió
a reiterar esta alerta.
“En 1990 el Consejo Superior Profesional de
Geología abordó el problema, y concluyó
que “debería cesar el método aplicado
para la eliminación de residuos radiactivos”
en las trincheras de Ezeiza. Pese a todas estas advertencias
fundadas, CNEA siguió contaminando el subsuelo y las
aguas subterráneas.
“El Acuerdo de Cooperación Nuclear no
sólo habilita el procesamiento de la basura nuclear
australiana (lo que licencia para hacer lo mismo
con otros países), sino que permite también
el reprocesado de combustible nuclear agotado.
“Esto tiene una gravedad institucional sin precedentes.
El gobierno de la Argentina firmó un Acuerdo con Australia
sin que el Parlamento fijase previamente una política
de manejo de los residuos radiactivos. Si esta norma y esta
política no existen, la Cancillería no debió
arrogarse estas funciones. Porque a la barbaridad de aceptar
el procesado de la basura nuclear extranjera se le agrega,
con el Acuerdo, la posibilidad de que se haga retratamiento,
y se extraiga de esa basura el Plutonio 239 y el Uranio 235
remanente”.
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