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El
organismo nuclear argentino debe hacerse cargo
de los residuos de uranio abandonados en Malargüe
La
Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina (RENACE)
le reclamó a la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) que priorice
los trabajos de tratamiento y remediación de áreas
con residuos de uranio procedentes de la minería, como
es el caso de la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza,
y remarcó su política contradictoria al promover
el procesamiento de residuos radiactivos de otros países
cuando todavía no solucionó qué hacer
con los propios.
En una carta abierta a la CNEA, la RENACE criticó
el lobby del organismo para que se apruebe el acuerdo nuclear
con Australia, proyecto que abre la puerta para que la Argentina
trate residuos radiactivos: "Por qué no resolver
primero los residuos radiactivos de minería de uranio
que esperan bajo el viento, la lluvia y la nieve en Malargüe
desde hace décadas?".
La Cámara de Diputados está a punto
de aprobar un Acuerdo de Cooperación Nuclear con Australia
que permitirá que ingresen residuos australianos para
recibir tratamiento en la Argentina. Este Acuerdo es rechazado
por la totalidad de las organizaciones ambientalistas del
país, las que señalan que el mismo es inconstitucional.
El artículo 41 de la Constitución Nacional prohíbe
el ingreso de residuos radiactivos al territorio nacional.
"¿Cuándo resolverán este
pasivo ambiental?", se preguntó Jennifer Ibarra
de la Fundación Cullunche de Mendoza. "Esa debería
ser la prioridad para la CNEA y los diputados mendocinos,
y no estar corriendo atrás de las presiones de Australia",
agregó.
"Sabemos del gigantesco lobby que hacen los funcionarios
de la CNEA para que se les abra el negocio de los residuos
nucleares internacionales, a costa de los derechos y el medio
ambiente argentino", dijo por su parte Carlos
Benedetto, vecino de Malargüe. Y agregó:
"Nos gustaría ver el mismo entusiasmo y dedicación
que ponen para solucionar el problema a los australianos,
para buscar los fondos para solucionar el problema a los mendocinos".
"Los vecinos de las montañas de residuos
que la minería de uranio dejó en las provincias
de Mendoza, Salta, Chubut, Córdoba, San Luis y La Rioja,
han sido olvidados por la CNEA, que ahora busca traer más
residuos a la Argentina", concluyó Ibarra.
El proyecto al que se oponen los ambientalistas y
vecinos forma parte de una propuesta que desarrolló
la empresa rionegrina INVAP al gobierno de Australia, que
consiste en la venta de un reactor de investigación
en la localidad de Lucas Heights. La oferta incluye la introducción
a la Argentina de residuos radiactivos para su posterior tratamiento,
algo expresamente prohibido por el artículo 41 de la
Constitución Nacional.
En los últimos meses, diversas personalidades
han adherido ala campaña de las ONGs como Mempo Giardinelli,
Pedro Aznar, Lito Vitale, Víctor Heredia, Juan Carlos
Baglieto, Miguel Mateos o Eduardo de la Puente, al igual que
legislaturas provinciales (Buenos Aires, Entre
Ríos, Misiones, Chaco, Chubut y Tierra del Fuego),
Colegios Profesionales y más de 140 organizaciones
ambientalistas. El ex-secretario de Medio Ambiente de la Nación,
Carlos Merenson, también ha expresado su desacuerdo,
precisamente porque el acuerdo viola la Constitución.
Más Información:
Carlos Benedetto (Instituto Argentino
de Investigaciones Espeleológicas de Malargüe,
Mendoza)
Teléfono: 54-02627-470728
E-mail: benedetto@rucared.com.ar
Jennifer Ibarra (Fundación
Cullunche para la Protección del Medio Ambiente, la
Flora y la Fauna, Mendoza)
Teléfono: 54-0261-4300059 ó 0261-4251073
E-mail:cullunche@infovia.com.ar
Lic. Silvana Buján (Bios de Mar
del Plata – Coordinación de la Red Nacional de
Acción Ecologista)
Teléfono:
54-0223-480 1258
E-mail: ecosil@speedy.com.ar
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