El 15 de noviembre de 1963, cumpliendo con una de sus promesas electorales, el Presidente Dr. Arturo U. Illía, dictó los Decretos Nº 744 y 745 declarando “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación, los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscriptos por Y.P.F." -durante la presidencia de Arturo Frondizia-, así ”como también los referidos a la perforación de pozos de explotación".

Sostenía Arturo Illia que “No hay país soberano que resigne el control de sus recursos energéticos a manos de las leyes del mercado, a sabiendas de que ello significa hipotecar su crecimiento y desproteger a sus generaciones futuras”.

“Los hemos anulado por una razón o causa política: porque interfieren la soberanía económica de la Argentina, de manera que la resolución del gobierno argentino supera cualquier explicación de carácter jurídico”

Tal lo expresado por Arturo Illía a Averell Harriman, Secretario de Estado del Presidente John Kennedy, enviado a la Argentina para revertir la medida del gobierno democrático.

De acuerdo a un trabajo de Gustavo Callejas -exSecretario de Energía-, la República Argentina es el único caso de un país exportador de petróleo que castiga a sus habitantes, aplicando en su mercado interno el precio internacional; no lo hacen México, Venezuela, Colombia, ni los del Golfo Pérsico. El costo interno por barril –considerando un tipo de cambio de $ 3 = 1 U$S- es de, aproximadamente U$S 7; pero los acuerdos firmados entre el gobierno y las empresas petroleras determinan un precio interno de U$S 28.

El Estado Nacional no audita y, por consiguiente, ignora los reales niveles de reservas y pese a ello, permite las exportaciones de petróleo y gas sin asegurarse el autoabastecimiento actual y futuro del mercado interno, pues más de la mitad de la población no tiene acceso al gas natural y las reservas de petróleo “oficialmente” publicadas no superan los seis o siete años de consumo.

La Argentina es el país que obtiene el gas natural a menor costo, sin embargo el gas en garrafas (GLP) –el que usan los sectores más pobres-, es el más caro de la región, siendo que estos países importan el gas de la Argentina.

De las naciones con un desarrollo similar, la Argentina es la única que no posee una empresa petrolera estatal: México, Venezuela, Colombia, Brasil y Chile, no privatizaron las suyas.

La ausencia de inversiones en obras de infraestructura para el patrimonio nacional agrava el panorama descrito en cuento a las reservas; por ejemplo, desde hace doce años no se ha construido un gasoducto troncal destinado al mercado interno.

Los conceptos del uso racional y sustentable han sido abandonados; ninguna represa hidroeléctrica se ha iniciado desde julio de 1989, habiéndose abandonado los criterios de sustituir bienes energéticos no renovables por renovables y menos contaminantes; la depredación y la contaminación de las áreas cercanas a los grandes yacimientos, tales como Loma de La Lata y Rincón de los Sauces es alarmante y ha sido denunciada por las comunidades locales.

La participación estatal –Nación y Provincias- en la riqueza generada es la más baja que se conoce en el del mundo, al mismo tiempo que el Balance de Pagos muestra históricamente egresos de las empresas petroleras en concepto de utilidades, dividendos, royalties, regalías, marcas, patentes y asesoramiento, superior a los U$S 5.000 millones anuales.

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