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Etica científica de doble estándar

 

 


Por María Luisa Pfeiffer *


En los países dominantes, cualquier prueba de tratamiento o medicamento debe ser confrontada con el mejor tratamiento o medicamento existente. Sólo se pueden experimentar nuevos medicinas que hayan probado que pueden ser superiores a los existentes. En los países subdesarrollados, en cambio, sería ético probar cualquier cosa puesto que no es obligatorio que el grupo con el que se confronta el tratamiento o la medicación sea tratado. Cuando más pobre es un país, mejor campo de ensayo resulta, ya que la población no contará con ninguna información ni protección a las enfermedades.


Tal es el resumen de los conceptos vertidos por el Profesor Keith McAdam, del Nuffield Council on Bioethics de Londres, en su conferencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sobre las cuestiones éticas que suscita la investigación científica en los países subdesarrollados. Tema, por otro lado, de suma actualidad en la Argentina.


En su corta exposición, el científico planteó concretamente que tres problemas:


1. El consentimiento informado de las personas

2. Si hay que tomar recaudos éticos diferentes para los países ricos que para los países pobres

3. Qué sucede luego de la investigación con el tratamiento de las personas enfermas que intervinieron en ella


Como vocero del Nuffield Council on Bioethics de Londres y haciendo gala de su carácter de investigador en Gambia, un país no sólo subdesarrollado sino sometido al colonialismo inglés hasta 1965, dejó claro que “la cuestión del consentimiento informado no puede plantearse para pueblos que no saben leer ni escribir y que además desconocen las premisas elementales de la ciencia médica para comprender lo que se está haciendo con ellos”.


Con una sinceridad casi rayana en el cinismo explicó que en una investigación realizada por ellos, lo único que preocupaba a los intervinientes era “cuánta sangre les iban a sacar”.


En esos casos, afirmó, “el consentimiento se consigue mostrando la cantidad de sangre que se extraerá y no hace falta informar nada más”.


Cuando la anuencia en los países europeos consta de tres páginas de información, en Gambia basta reducirlo a una página. Será el investigador el encargado de determinar qué es lo que debe saber el paciente. Mientras esta determinación esté avalada por un comité de bioética, será legítima.


Así como la información puede ser sesgada y limitada según el juicio que establezcan los investigadores sobre el sujeto de pesquisa, McAdam planteó que si bien científicamente todo protocolo de investigación debe estar avalado por criterios científicos universales, éticamente no puede pensarse lo mismo.


Escudándose en la necesidad creciente de reconocer las diferencias, sostuvo que en países pobres, donde la población no tiene acceso a ningún tipo de tratamiento o medicamento, es ético que el grupo control sea sometido a estas condiciones.


Para que quede claro: en los países dominantes, cualquier prueba de tratamiento o medicamentos debe ser confrontada con el mejor tratamiento o medicamento existente. Sólo se pueden experimentar entonces nuevos medicamentos o tratamientos que hayan probado que pueden ser superiores a los existentes.


En los países subdesarrollados sería ético probar cualquier cosa, puesto que no es obligación tratar al grupo con el que se confronta el tratamiento o la medicación.


Cuando más pobre es un país, mejor campo de experimentación ya que la población no contará con ninguna protección a las enfermedades.


Gambia
(125 por mil de mortalidad infantil, 47 años de esperanza de vida al nacer, 2 % de la población adulta con sida/hiv, U$S 342 de PBI per cápita °), parece el lugar ideal.


Si se apela a la regla fundamental de la conducta médica que es no causar daño sino buscar el mayor beneficio para el paciente, es suficiente beneficio para McAdam que el grupo de sujetos que recibe el medicamento sea tratado durante el tiempo que dura la investigación. No hay ninguna obligación de tratar al grupo control, según él, porque las condiciones económicas no lo permiten.


Una vez más será un comité de bioética local el que avalará esta práctica claramente discriminatoria, convirtiéndola en legítima. Que un grupo de personas sea pobre e ignorante no los habilita para ser víctimas propiciatoras para la ciencia; los comités de bioética no pueden avalar que los científicos los ofrezcan en sacrificio para, en el mejor de los casos, beneficiar a las generaciones futuras.


¿No fue la misma la lógica que regía en Nüremberg?¿No fue eso lo que se procuró evitar cuando luego de Nüremberg se exigió el consentimiento de las personas, y la valoración de éstas por sobre cualquier otro fin? ¿No fue esto lo que intentó impedir la Asociación Médica Mundial con la declaración de Helsinki de1964, confirmada en los años 1975/1983/1989/1996 y 2000, y ratificada nuevamente en octubre de 2003, cuando exige que el interés de la persona esté por encima de cualquier otro interés, sea éste económico, científico o de la comunidad?


Cualquier sujeto es libre de entregar su propia vida para la ciencia o para la comunidad, pero nadie puede obligarlo a ello de manera violenta ni con subterfugios ideológicos pacíficos. Los países pobres no pueden convertirse, como lo están haciendo, en campo de prueba para los países ricos.


El 90% de la investigación en salud beneficia en la actualidad sólo al 10% de la población del mundo que, seguramente, no está en los países pobres. Este procedimiento que se denomina del “doble estándar”, es decir, un modelo para los países desarrollados y otro para los no desarrollados puede resultar legitimado para algunos como Levine, por el consentimiento de los enfermos. Cuando se explica en qué consiste ese consentimiento como lo hizo McAdam, el círculo cierra.


McAdam consideró “un asunto muy difícil” pensar en la posibilidad de seguir tratando a los sujetos de investigación con el medicamento que estaban probando, cuando éste fuera exitoso. ¿En qué consiste la dificultad? En que sería muy caro. “Imagínense el costo de tratar de por vida a sujetos que participaron en una investigación con una enfermedad crónica”, reflexionó.


La propuesta es entonces, que cuando acabe la investigación los sujetos que fueron parte de ella compren la medicación como todo el mundo y poco importa que tengan dinero o no para hacerlo. A lo sumo, si hay algún reclamo en ese sentido tendrán que hacerse cargo el Estado, es decir, los mismos sujetos vistos desde otro ángulo.


Para McAdam, los investigadores, ni las empresas que ganarán con el producto obtenido, ni los organismos internacionales que avalan estos protocolos, tienen responsabilidad respecto de los sujetos que fueron usados para investigar.


En la Argentina, el Nuffield Council sostiene cursos de capacitación ética para investigadores donde la declaración de Helsinki es de lectura obligatoria, por lo cual resulta cuanto menos curioso que McAdam la haya ignorado e incluso desestimado en su discurso.


El científico consideró que estos son conflictos muy difíciles de resolver y la razón es que sienta alrededor de la mesa de negociación, con el mismo poder, a las empresas que son las que solventan las investigaciones con el claro propósito de obtener ganancias, a los Estados de los países subdesarrollados no siempre carentes de corrupción, a los tecnocientíficos enceguecidos muchas veces por el afán de producir ciencia y a los sujetos ignorantes y pobres, sometidos al mayor nivel de vulnerabilidad posible al que se agrega la enfermedad.


La declaración de Helsinki manifiesta expresamente no sólo que el bien y la salud del individuo deben estar por encima de cualquier valor y que deberá proporcionarse la resultante exitosa de la investigación a los que participaron de ella, sino que una investigación será ética cuando tenga en cuenta principalmente el grado de vulnerabilidad de los sujetos de investigación y lo corrija.


McAdam repitió a lo largo de su conferencia que todos estas cuestiones son muy difíciles de resolver.


Si ponemos por encima de todo el derecho a la vida, a la integridad, a la salud de los sujetos que intervienen en protocolos de investigación, las dificultades disminuyen. El uso de las personas en investigación es en sí mismo indebido, de modo que la justificación para la misma debe ser de un alto contenido ético, cuidando sobre todo no ofender la dignidad de las mismas. Ninguna vida vale más que otra, ningún ser humano puede ser convertido en medio, todos deben ser considerados fines en sí mismos. Este es el principio máximo del respeto al otro.


A la pobreza hay que remediarla no usarla. Frente a la ignorancia, hay que educar no aprovecharse de ella. A la enfermedad, hay que curarla no manipular al enfermo para que se convierta en un “caso” de un protocolo científico.


(°) Datos obtenidos del National Population Policies 2001, ONU, 2002.


* Docente de la Universidad de Buenos Aires
(UBA)
Investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica
(CONICET)
Asociación Argentina de Investigaciones Éticas
Bio&Sur - Bioética de los derechos humanos
Correo electrónico: maliandi@mail.retina.ar

Editor: Hernando Albornoz. Editado en Buenos Aires, República Argentina. Las notas firmadas no necesariamente reflejan la opinión del editor. Prohibida su reproducción total o parcial (Ley 17.319)

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