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Etica
científica de doble estándar
Por María Luisa Pfeiffer *
En
los países dominantes, cualquier prueba de tratamiento
o medicamento debe ser confrontada con el mejor tratamiento
o medicamento existente. Sólo se pueden experimentar
nuevos medicinas que hayan probado que pueden ser superiores
a los existentes. En los países subdesarrollados, en
cambio, sería ético probar cualquier cosa puesto
que no es obligatorio que el grupo con el que se confronta
el tratamiento o la medicación sea tratado. Cuando
más pobre es un país, mejor campo de ensayo
resulta, ya que la población no contará con
ninguna información ni protección a las enfermedades.
Tal
es el resumen de los conceptos vertidos por el Profesor Keith
McAdam, del Nuffield Council on Bioethics de Londres, en su
conferencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, sobre las cuestiones éticas que suscita
la investigación científica en los países
subdesarrollados.
Tema, por otro lado, de suma actualidad en la Argentina.
En su corta exposición, el científico planteó
concretamente que tres problemas:
1. El consentimiento informado de las personas
2.
Si hay que tomar recaudos éticos diferentes para los
países ricos que para los países pobres
3.
Qué sucede luego de la investigación con el
tratamiento de las personas enfermas que intervinieron en
ella
Como vocero del Nuffield Council on Bioethics de Londres y
haciendo gala de su carácter de investigador en Gambia,
un país no sólo subdesarrollado sino sometido
al colonialismo inglés hasta 1965, dejó claro
que “la cuestión del consentimiento informado
no puede plantearse para pueblos que no saben leer ni escribir
y que además desconocen las premisas elementales de
la ciencia médica para comprender lo que se está
haciendo con ellos”.
Con una sinceridad casi rayana en el cinismo explicó
que en una investigación realizada por ellos, lo único
que preocupaba a los intervinientes era “cuánta
sangre les iban a sacar”.
En esos casos, afirmó, “el consentimiento se
consigue mostrando la cantidad de sangre que se extraerá
y no hace falta informar nada más”.
Cuando la anuencia en los países europeos consta de
tres páginas de información, en Gambia basta
reducirlo a una página. Será el investigador
el encargado de determinar qué es lo que debe saber
el paciente. Mientras esta determinación esté
avalada por un comité de bioética, será
legítima.
Así como la información puede ser sesgada y
limitada según el juicio que establezcan los investigadores
sobre el sujeto de pesquisa, McAdam planteó que si
bien científicamente todo protocolo de investigación
debe estar avalado por criterios científicos universales,
éticamente no puede pensarse lo mismo.
Escudándose en la necesidad creciente de reconocer
las diferencias, sostuvo que en países pobres, donde
la población no tiene acceso a ningún tipo de
tratamiento o medicamento, es ético que el grupo control
sea sometido a estas condiciones.
Para que quede claro: en los países dominantes, cualquier
prueba de tratamiento o medicamentos debe ser confrontada
con el mejor tratamiento o medicamento existente. Sólo
se pueden experimentar entonces nuevos medicamentos o tratamientos
que hayan probado que pueden ser superiores a los existentes.
En los países subdesarrollados sería ético
probar cualquier cosa, puesto que no es obligación
tratar al grupo con el que se confronta el tratamiento o la
medicación.
Cuando más pobre es un país, mejor campo de
experimentación ya que la población no contará
con ninguna protección a las enfermedades.
Gambia (125 por mil de mortalidad infantil, 47
años de esperanza de vida al nacer, 2 % de la población
adulta con sida/hiv, U$S 342 de PBI per cápita °),
parece el lugar ideal.
Si se apela a la regla fundamental de la conducta médica
que es no causar daño sino buscar el mayor beneficio
para el paciente, es suficiente beneficio para McAdam que
el grupo de sujetos que recibe el medicamento sea tratado
durante el tiempo que dura la investigación. No hay
ninguna obligación de tratar al grupo control, según
él, porque las condiciones económicas no lo
permiten.
Una vez más será un comité de bioética
local el que avalará esta práctica claramente
discriminatoria, convirtiéndola en legítima.
Que un grupo de personas sea pobre e ignorante no los habilita
para ser víctimas propiciatoras para la ciencia; los
comités de bioética no pueden avalar que los
científicos los ofrezcan en sacrificio para, en el
mejor de los casos, beneficiar a las generaciones futuras.
¿No fue la misma la lógica que regía
en Nüremberg?¿No fue eso lo que se procuró
evitar cuando luego de Nüremberg se exigió el
consentimiento de las personas, y la valoración de
éstas por sobre cualquier otro fin? ¿No fue
esto lo que intentó impedir la Asociación Médica
Mundial con la declaración de Helsinki de1964, confirmada
en los años 1975/1983/1989/1996 y 2000, y ratificada
nuevamente en octubre de 2003, cuando exige que el interés
de la persona esté por encima de cualquier otro interés,
sea éste económico, científico o de la
comunidad?
Cualquier sujeto es libre de entregar su propia vida para
la ciencia o para la comunidad, pero nadie puede obligarlo
a ello de manera violenta ni con subterfugios ideológicos
pacíficos. Los países pobres no pueden convertirse,
como lo están haciendo, en campo de prueba para los
países ricos.
El 90% de la investigación en salud beneficia en la
actualidad sólo al 10% de la población del mundo
que, seguramente, no está en los países pobres.
Este procedimiento que se denomina del “doble estándar”,
es decir, un modelo para los países desarrollados y
otro para los no desarrollados puede resultar legitimado para
algunos como Levine, por el consentimiento de los enfermos.
Cuando se explica en qué consiste ese consentimiento
como lo hizo McAdam, el círculo cierra.
McAdam
consideró “un asunto muy difícil”
pensar en la posibilidad de seguir tratando a los sujetos
de investigación con el medicamento que estaban probando,
cuando éste fuera exitoso. ¿En qué consiste
la dificultad? En que sería muy caro. “Imagínense
el costo de tratar de por vida a sujetos que participaron
en una investigación con una enfermedad crónica”,
reflexionó.
La propuesta es entonces, que cuando acabe la investigación
los sujetos que fueron parte de ella compren la medicación
como todo el mundo y poco importa que tengan dinero o no para
hacerlo. A lo sumo, si hay algún reclamo en ese sentido
tendrán que hacerse cargo el Estado, es decir, los
mismos sujetos vistos desde otro ángulo.
Para
McAdam, los investigadores, ni las empresas que ganarán
con el producto obtenido, ni los organismos internacionales
que avalan estos protocolos, tienen responsabilidad respecto
de los sujetos que fueron usados para investigar.
En la Argentina, el Nuffield Council sostiene cursos de capacitación
ética para investigadores donde la declaración
de Helsinki es de lectura obligatoria, por lo cual resulta
cuanto menos curioso que McAdam la haya ignorado e incluso
desestimado en su discurso.
El
científico consideró que estos son conflictos
muy difíciles de resolver y la razón es que
sienta alrededor de la mesa de negociación, con el
mismo poder, a las empresas que son las que solventan las
investigaciones con el claro propósito de obtener ganancias,
a los Estados de los países subdesarrollados no siempre
carentes de corrupción, a los tecnocientíficos
enceguecidos muchas veces por el afán de producir ciencia
y a los sujetos ignorantes y pobres, sometidos al mayor nivel
de vulnerabilidad posible al que se agrega la enfermedad.
La declaración de Helsinki manifiesta expresamente
no sólo que el bien y la salud del individuo deben
estar por encima de cualquier valor y que deberá proporcionarse
la resultante exitosa de la investigación a los que
participaron de ella, sino que una investigación será
ética cuando tenga en cuenta principalmente el grado
de vulnerabilidad de los sujetos de investigación y
lo corrija.
McAdam repitió a lo largo de su conferencia que todos
estas cuestiones son muy difíciles de resolver.
Si ponemos por encima de todo el derecho a la vida, a la integridad,
a la salud de los sujetos que intervienen en protocolos de
investigación, las dificultades disminuyen. El uso
de las personas en investigación es en sí mismo
indebido, de modo que la justificación para la misma
debe ser de un alto contenido ético, cuidando sobre
todo no ofender la dignidad de las mismas. Ninguna vida vale
más que otra, ningún ser humano puede ser convertido
en medio, todos deben ser considerados fines en sí
mismos. Este es el principio máximo del respeto al
otro.
A
la pobreza hay que remediarla no usarla. Frente a la ignorancia,
hay que educar no aprovecharse de ella. A la enfermedad, hay
que curarla no manipular al enfermo para que se convierta
en un “caso” de un protocolo científico.
(°) Datos obtenidos
del National Population Policies 2001, ONU, 2002.
* Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica
(CONICET)
Asociación Argentina de Investigaciones Éticas
Bio&Sur - Bioética de los derechos humanos
Correo electrónico: maliandi@mail.retina.ar
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