El objetivo de este informe fue verificar la veracidad de
la información difundida y el estado actual del problema;
se basa en una visita a los sitios referidos, entre los más
aislados que pueden encontrarse en el país, y en conversaciones
con afectados y con profesionales y organizaciones que intervinieron
en el caso.
LLamas
en Liviara
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Orosmayo y Liviara son comunidades de alrededor de 40 familias
cada una, situadas a 4000 m SNM y a 108 km de Abra Pampa,
y para llegar allí el camino serpentea hasta los 4800
m. Ambas comunidades se encuentran a la orilla del río
Orosmayo, cuyas aguas alimentan al Pilcomayo, luego de recorrer
un tramo en territorio boliviano. Su economía se basa
en la cría de llamas, cabras y ovejas, y en la venta
de lanas, tejidos y carne. Los cultivos son viables solamente
entre octubre y abril, en invenáculo.
Durante el resto del año el frío no lo permite;
los vientos son muy fuertes en primavera, por lo que se requieren
invernáculos muy robustos. La existencia de oro es
conocida desde muy antiguo y la minería, a pequeña
escala, se practica desde los inicios de la colonización,
y aún en el período incaico.
Hacia el 2001 se produjo la reactivación de las actividades
mineras, a cargo de la empresa Luis Losi S.A., de Paraná,
provincia de Entre Ríos. La empresa Losi, es una empresa
vial que decide incursionar en minería por falta de
trabajo en su especialidad. De hecho, el proyecto Orosmayo
(minas Rufino, Rosa y José) está
planteado como un simple trabajo de remoción y excavación
de sedimentos aluvionales y fluviales y separación
de pepitas de oro por tamizado. El proyecto minero es a muy
pequeña escala: según datos proporcionados por
un empleado de la empresa, no se llegó a extraer más
de 1Kg de oro por día en los mejores momentos. Sin
embargo, los datos son confusos y el mismo gobierno manifestó
la necesidad de conocer con precisión el monto de lo
extraído.
Territorios aborígenes y minería: aspectos legales
El origen del proyecto se pierde en las connivencias entre
la empresa Losi y el gobierno jujeño. Basta decir que
la empresa llevó a cabo el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) en pleno período de explotación,
como una mera formalidad o trámite para quedar legalmente
protegidos. Las concesiones (pedimentos)
de exploración minera en la Puna han sido obtenidas
por tres personas: Yolanda López, el Ing. Benicio y
Carlos Mir. Sólo en el río Orosmayo existen
48 pedimentos. En Orosmayo-Liviara, dichas personas cedieron
a la empresa Losi el derecho de explotación a cambio
del 15 % de lo extraído. Todo este procedimiento es
ilegal, debido a que se trata de territorios aborígenes,
loscuales tienen una legislación propia, reconocida
en la Constitución Nacional de 1994.
El fallo judicial de julio del 2003, desfavorable al amparo
presentado por la comunidad de Orosmayo, se atiene a que los
derechos consagrados en la Constitución no se aplican
de inmediato, sino que necesitan leyes que los reglamenten.
Los especialistas más relevantes en Derecho Constitucional
sostienen en cambio lo contrario: en términos técnicos,
son derechos operativos.
El aislamiento de la comunidad impide que los pobladores estén
informados y que puedan enterarse de los edictos oficiales
que se publican en San Salvador de Jujuy (SSJ)
y que tienen 30 días de plazo para presentar oposiciones.
Además, la costumbre de denominar a las minas con nombres
de fantasía, hace que los pobladores no puedan ubicar
el lugar en que se encuentran y si las mismas afectan a sus
intereses. Un viaje a SSJ para averiguarlo, por lo menos les
lleva cinco días entre ida y vuelta si lo hacen en
medios públicos.
Algunos antecedentes históricos facilitarán
la comprensión de la situación legal. En 1948,
el gobierno de Perón expropió las tierras de
la Puna en manos de terratenientes, pero estas tierras aún
no fueron devueltas a sus dueños, quienes continuaron
viviendo allí como arrendatarios.
En 1996, el INAI recibió un préstamo del Banco
Mundial por 1.600 millones de dólares para realizar
la mensura y escritura de tierras, y devolverlas a las comunidades
kollas; este organismo firmó un convenio con la provincia
de Jujuy para que esta lo ejecute. Sin embargo, en la práctica,
el programa está detenido. El gobernador Fellner y
el gobierno jujeño, están en desacuerdo con
cualquier avance del programa indígena, porque para
ellos sería retroceder 40 años.
Hasta hace pocos años, estaba prohibida la propiedad
colectiva de las tierras y la identidad kolla. Las comunidades
denunciaron en 2003 el incumplimiento de
Programa de Tierras y Derechos del Aborigen. Tras los reclamos,
también presentados ante el Ministerio de Desarrollo
Social de Nación, obtuvieron una nueva partida de desembolso
de los fondos el 2/12/03, pero sin embargo el gobierno provincial
aún no ha escriturado las tierras de ninguna comunidad
en la Puna, a pesar del tiempo transcurrido, manteniendo a
las comunidades a la espera a la espera de hechos concretos
al respecto.
Tanta demora e incumplimientos sólo pueden explicarse
porque la Provincia pretende excluir del mencionado Programa
las áreas mineras o que lo sean potencialmente, por
ejemplo, las áreas para borato en Susques. El gobierno
bloquea toda difusión de este problema en los medios,
a los que controla financieramente mendiante la publicidad
oficial.
Daños ambientales: observaciones
en el lugar y referencias de los pobladores
Destrucción
del lecho del río Orosmayo en el tramo comprendido
entre Orosmayo y Liviara. Obsérvese la altura del acúmulo
de material aluvional a la izquierda
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La mayor parte de los tres kilómetros del río
Orosmayo que separan Orosmayo de Liviara, se encuentran altamente
impactada por la actividad de la empresa Losi. A ambos lados
del río existían numerosos mallines o “ciénagas”
como se las denominan localmente, es decir, áreas con
subsuelo húmedo y ricas en pastos, especialmente aptas
para el pastaje del ganado. Pudo observarse la destrucción
completa del lecho del río y de las áreas marginales,
utilizadas anteriormente como áreas de pastoreo.
El material, preponderantemente aluvional, ha sido removido,
transportado y tamizado con uso de maquinaria vial. El trabajo
de las maquinarias dejó excavaciones muy hondas llenas
de agua, donde cayeron y murieron ahogados o envenenados muchos
animales. Estas excavaciones fueron tapadas posteriormente
ante la protesta de los perjudicados.
Como consecuencia del proyecto el curso de río ha sido
altamente modificado, se produce un gran aumento de la turbidez
aguas abajo de los sitios removidos, incluso en estos momentos
en que los trabajos se encuentran paralizados.
Construcción
de estanques y uso del agua
irrestricto en el lecho del río Orosmayo
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Desde el inicio de la extracción han muerto más
de 1100 animales a lo largo de 30 km del río y aún
continúan muriendo. La mortandad afecta a ovejas, cabras
y llamas, en el orden mencionado y en forma particular a las
crías. Según los pobladores, los animales morían
de 5 a 10 por vez. A las ovejas “se les reventaban los
pupos y se les salían las tripas”. La mortandad
de animales en la Puna suele ser alta, por factores naturales,
sequías u otros. Pero lo que los pobladores están
refiriendo aquí son muertes con síntomas extraños
y un aumento excesivo de mortandad, mucho más allá
de lo usual. También mencionaron una gran mortandad
de truchas, que aparecieron a la orilla del río.
Con respecto a la salud humana, ocho niños fueron llevados
en estado de gravedad, hasta Abra Pampa, y luego hasta Jujuy,
y en algún caso hasta Salta, por el simple hecho de
haberse bañado en el río o haberlo cruzado para
ir a la escuela. Presentaron cuadros de vómitos
(con aspecto de carne molida), convulsiones
y diarreas. Los facultativos dijeron que se trataba de una
intoxicación por materia fecal. La empresa no había
construido sanitarios y todos los mineros (alrededor
de 50) hacían sus necesidades al aire
libre. Posteriormente, a raíz
de los reclamos los sanitarios se
construyeron .
La extensión de los impactos se hizo sentir hasta más
de 100 km aguas abajo, en territorio boliviano, en la comunidad
de Río Seco, a orillas del río San Juan de Oro.
Los pobladores de dicha comunidad enviraron una nota al presidente
de la comunidad de Liviara, el 10 de Octubre de 2002, mencionando
daños crecientes en la salud de los pobladores (“diarrea,
dolor e hinchazón de garganta”),
mortandad de ganado, “daños en los sembradíos
y extinción de los animales acuáticos, como
ser Peces, Patos, Huallatas, y otros”.
En ella se indica que se utilizan químicos “lo
cual es totalmente dañino a nuestra salud y a la de
los seres vivientes que habitamos permanentemente a las orillas
del río San Juan de Oro”, y le dicen al presidente
que si la empresa no deja de utilizar esos químicos
ellos se verán obligados a denunciar los hechos al
“Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de nuestro
país”.
Los químicos en el debate
Según el EIA presentado por la empresa, no se utilizan
químicos en ninguna fase del proceso, afirmando que
solo se utilizaron medios mecánicos. Los primeros análisis
de aguas fueron realizados en Aguas de los Andes, empresa
provincial proveedora de agua potable. Estos arrojaron resultados
positivos para mercurio, cianuro y plomo, pero análisis
posteriores, solicitados por la empresa minera, también
a Aguas de los Andes, no evidenciaron contaminación
alguna, hecho que los damnificados interpretan que, por tratarse
de una empresa provincial, y por estar el gobierno de la provincia
a favor de la empresa minera, carecen de validez. Curiosamente,
un empleado de la empresa señalaba en una entrevista
al diario Pregón, que los “químicos se
utilizaban en otra parte”, sin especificar dónde.
Excavaciones
en el lecho del río donde se ahogan los animales;
el color del agua denota la cantidad de sedimentos que el
río
arrastra al pasar por el cauce totalmente removido
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También se realizaron estudios por parte de la empresa
en un laboratorio de Bahía Blanca, con resultados negativos.
Los pobladores, sin embargo, solicitaron un estudio a un laboratorio
de Tucumán que confirmó los datos iniciales
sobre la presencia de metales pesados. Un estudio adicional,
solicitado por la comunidad de Liviara a la consultora NSC
de Buenos Aires, a la que eligió como perito de partes,
no evidenció contaminación. Sin embargo, los
análisis de vísceras de animales muertos realizados
posteriormente en colaboración con la Administración
de Parques Nacionales, en un laboratorio certificado de S.
M. de Tucumán, indicaron la presencia de mercurio.
Los resultados de las muestras duplicadas que tomó
el gobierno de la provincia en la ocasión, nunca llegaron.
Incumplimiento de las leyes ambientales
La empresa minera nunca tramitó el permiso para el
uso de agua pública, siendo que utilizó todo
el caudal del caudal del río devolviéndolo en
condiciones lamentables, como lo menciona la pericia realizada
por la consultora NSC, presentada ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de la Provincia de Jujuy.
El EIA realizado en 1997 no incluye las minas Rufino, Rosa
y José, por lo tanto, se estuvo trabajando en ellas
sin el previo EIA previo exigido por ley. Este estudio, solicitado
por los titulares del pedimento, Yolanda López , Calos
Mir y Benicio, fue realizado por la consultora del Ing. Villafañe,
Director de Medio Ambiente de la provincia, en una situación
de clara incompatibilidad con su función pública.
El depósito de caución, en previsión
de daños ambientales, accidentes de consideración
o quiebra, obligatorio por
ley en otros paises, es algo que ni
siquiera se menciona.
Impactos sociales
La situación planteada para las comunidades de Orosmayo
y Liviara es similar a la que potencialmente afecta a más
de 120 comunidades kollas, en cuyas tierras se proponen proyectos
similares o de escala mucho mayor. Liviara quiso negociar
algún beneficio en compensación por los daños
ambientales, pero se les negó rotundamente cualquier
derecho a establecer acuerdos con la empresa. Incluso la “representante”
kolla de la comunidad de Orosmayo en SSJ cuestiona el actual
acuerdo de la comunidad con la nueva empresa que continuaría
con el proyecto.
El desembarco de los proyectos mineros tiene un impacto tremendo
en estas comunidades tan pequeñas y aisladas, y puede
cambiar totalmente la vida de la comunidad, que termina polarizándose
alrededor de una sola cuestión: minería sí
o minería no. Tal es el caso de Orosmayo, donde
una
mitad
de la comunidad está a favor del proyecto y la otra
en contra. Esta división no fue casual, sino que fue
buscada y provocada por el gobierno y la empresa, según
los pobladores, para poder acceder a las tierras comunitarias.
Todo esto por intermedio de un personaje turbio, Nimia Apaza,
escribana, recientemente abogada, que es apoderada de la comunidad
de Orosmayo en SSJ. Sin embargo, según múltiples
referencias recogidas, su accionar parece estar más
ligado a sus intereses particulares que a la defensa de sus
apoderados. De hecho, sus actos aparecen como si fuera empleada
de la empresa minera.
La mencionada “apoderada” montó en Orosmayo
una farsa de destitución del presidente electo de la
comunidad, Sabino Trejo, y su reemplazo por el vicepresidente,
Pedro Guitian, en flagrante incompatibilidad de funciones,
ya que el mismo era también empleado y delegado de
la empresa minera. Sabino Trejo sufrió muchas clases
de injurias, además de encontrarse procesado por negarse
a entregar documentación cuya custodia le compete como
presidente.
El amparo ambiental presentado por la comunidad de Orosmayo,
lo desiste luego la misma comunidad, a instancias de N. Apaza,
que no ha escatimado medios para aplastar cualquier oposición
o cuestionamiento al proyecto minero. Su accionar ha sido
denunciado incluso por el obispado de Humahuaca. En estos
poblados suele haber un destacamento policial,
sin personal,
pero llegaron a enviar a 14 policías a las reuniones
comunitarias de Orosmayo, con el objeto de amedrentarlos.
En Liviara, hubo amenazas verbales al presidente de la comunidad
y agresiones físicas, en particular, por el administrador
de la firma Losi, el Ing. Jorge Bragantini. “Quiso ahorcar
a Vilma Trejo, le dio una trompada en la cabeza a Juan Carlos
Llampa y le pegó una patada en los genitales a Petrona
Martínez, quien perdió una uña al protegerse
con las manos”, relatan los pobladores Quiso además
pasar con las topadoras por encima de las casas. En cada caso
se han hecho las denuncias policiales correspondientes. La
comunidad de Liviara se opuso en bloque al proyecto, por lo
cual su presidente también fue denigrado por la prensa
jujeña.
En otras localidades, Vg. Doncella, departamento de Cochinoca
se han iniciado juicios de desalojo a miembros de la comunidad,
debido a que un sujeto se define como único dueño
de las tierras donde está asentada la comunidad.
Roles institucionales ante el proyecto minero
Las situaciones límites manifiestan el verdadero carácter
de las personas y grupos. Existe en la Facultad de Ingeniería
Química de la Universidad Nacional de SSJ un equipo
muy competente en temas de química ambiental. Sin embargo,
ante el pedido de colaboración para el análisis
de metales pesados, el Decano no lo autorizó excusándose
que para realizar ese tipo de trabajos sólo tenía
facultad el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy. La
Jueza de Minas, que inicialmente se mostró partidaria
del diálogo con las comunidades,
posteriormente se
alineó con el accionar del gobierno, por lo que cabe
inferir que cedió a las presiones.
La prensa ha sido condicionada totalmente. Resulta evidente
de la lectura de unos siete artículos publicados en
el diario Pregón entre el 5 de diciembre del 2002
(ver http://200.43.187.11/diario/vernoticia.asp?id=12958)
y el 1 de marzo del 2003. En el primero se publican las expresiones
directas de los pobladores que bajan hasta SSJ para protestar.
En los restantes se publican negociaciones, explicaciones
y versiones varias provenientes de la esfera oficial, que
niegan el problema de la contaminación y denotan preocupación
por asegurar las “inversiones” mineras.
El obispado de Humahuaca apoyó en todo momento y enérgicamente
el reclamo de los pobladores, el derecho a sus tierras y a
manejo de sus recursos naturales. (Ver http://200.43.187.11/diario/vernoticia.asp?id=17719)
Luego de este artículo crítico,
el problema de Orosmayo y Liviara parece suprimido de la prensa.
Cuadro de situación
No obstante el retiro del amparo ambiental por la misma comunidad
de Orosmayo, la empresa Losi se declara en quiebra, debe los
sueldos de muchos de sus empleados y se está retirando
del lugar. Por los problemas surgidos en Orosmayo y Liviara
momentáneamente se
han detenido unos
120 emprendimientos similares en toda la Puna. La concesión
para el tramo Orosmayo-Liviara ha sido otorgada a una nueva
empresa “Mina Los Gigantes” de Córdoba,
cuyo propietario es el Lic. Américo Timonielli, y gerente
local es Guillermo Orozco.
Esta empresa se encuentra haciendo el EIA y ha firmado con
las comunidades de Liviara, Loma Blanca y Casa Colorada, un
acuerdo en el marco del Convenio 169 de la OIT. En uno de
sus puntos se compromete a entregar una compensación
económica de 3.500 US$ por mes como aporte al desarrollo
de las comunidades.
Sobre este acuerdo caben dos comentarios: el primero, es que
ha sido rechazado por la “apoderada” de la comunidad
(Nimia Apaza) y por el gobierno,
quienes desconocen cualquier derecho de las comunidades a
tratar con las empresas...parecería que “cualquier
apariencia de reconocimiento de la propiedad comunal de las
tierras tiene que ser suprimida”. En segundo lugar,
las bases de estas negociaciones tienen que hacerse sobre
un amplio conocimiento de los impactos y pasivos ambientales
de la actividad minera, presentes y futuros.
En particular, no puede desconocerse el DAM (Drenaje
Acido de Minas), que dura muchos siglos después
de terminada la extracción minera; sus efectos son
solubilizar los metales pesados existentes naturalmente en
las rocas, facilitando su transporte a distancias considerables,
a través de las aguas subterráneas y superficiales.
Una mirada rápida a los estudios de impacto y peritajes
judiciales realizados a lo largo del río Orosmayo muestra
que lo expresado ya está ocurriendo: existen varios
sitios con acidez muy alta (pH muy bajos, cercanos
a 2). Algunos de estos puntos corresponden a
minas explotadas en el pasado, por ejemplo, mina Pirquitas,
ubicada en las cabeceras el río.
Desarrollo sustentable, el único
posible
Además del daño paisajístico, la destrucción
de áreas de pastoreo (que demorarán
décadas en recuperarse), los análisis
de vísceras de animales muertos indican que se utilizó
mercurio, y que se han producido impactos a lo largo de más
de 100 km del río Orosmayo hasta en el vecino paispaís
de Bolivia. Los impactos ambientales deben considerarse bajo
el concepto de cuenca hidrográfica: es decir, que los
impactos desde las cabeceras del río (Mina
Pirquitas) hasta aguas abajo se irán sumando.
Esto, como así también consideraciones culturales
y religiosas, significa que no en todo lugar donde hay minerales
forzosamente deben extraerse.
Hasta el momento parecen haber primado en Jujuy proyectos
mineros a pequeña escala, llevados a cabo por empresas
nacionales y más cercanos a la minería tradicional.
Pero los mismos intereses que solo consideran la variable
económica en sus razonamientos, no dudarán en
abrir las puertas a empresas extranjeras y a la minería
a gran escala, con explotaciones a cielo abierto y uso masivo
de tóxicos.
Más allá de las promesas sobre los cuidados
ambientales que se formulen, el hecho es que ni la provincia
ni el estado nacional argentino están en condiciones
de controlar el cumplimiento estricto de las leyes ambientales.
La voladura y molienda masiva de rocas, además de los
impactos paisajísticos generará drenajes ácidos
que durarán por muchas generaciones.
Es imprescindible que la justicia se expida sobre el reciente
amparo presentado, exigiendo al estado que cumpla con el Programa
de Tierras, que cese de inmediato la adjudicación privada
de tierras en territorios de las comunidades, y que no traten
individualmente con esta sino con sus autoridades, reconociendo
así de hecho la propiedad colectiva de las tierras.
En tal sentido, el Secretario General de la UNESCO recientemente
exhortó para
que los gobiernos de América Latina hagan realidad
el cumplimiento de las leyes y acuerdos firmados sobre los
territorios y los derechos de los pueblos originarios.
No obstante el ocultamiento del tema desde las esferas gubernamentales,
deben crearse las formas para que el tema sea objeto de debate
público y se instale en la sociedad, en sus instituciones,
en la Universidad, en escuelas, comenzado por tratar la problemática
y la realidad indígena sin prejuicios de ninguna clase
y con el respeto que merece todo ser humano. Sin duda una
tarea no fácil, ya que para muchos (incluidos
funcionarios públicos) “en Jujuy
no existen indígenas”.
El “jet set” de los representantes aborígenes,
sin contacto con los problemas reales, se ha inventado una
comunidad romántica y ha perdido los valores espirituales
originarios. Utiliza su posición en beneficio propio,
siendo funcional a cualquier tipo de intereses privados y
gubernamentales que los beneficie.
Los casos de Orosmayo, Andalgalá, Andacolo y Esquel
evidencian claramente los efectos del Plan Minero Nacional.
Plan que, alumbrado durante la pasada década de remate
del patrimonio nacional, tiene continuidad legal y apoyo político.
La
minería de metales (de roca dura, con
uso de toxicostóxicos, a megaescala),
que responde a intereses oportunistas y a situaciones coyunturales
del mercado internacional no genera desarrollo ni fuentes
de trabajo estables, sino que compromete gravemente al ambiente,
sus recursos naturales y su uso múltiple y sustentable
en el tiempo, y por lo tanto es radicalmente insostenible.
Sólo provocará a la larga una mayor dependencia
y empobrecimiento del país, profundizando además
la fractura social originada por la aplicación ciega
de modelos y recetas que responden a intereses foráneos.
Textos y fotos
L.
Arturo Pizzolon
