¿Quién paga los mayores costos del uso del automóvil
originados en la contaminación ambiental y la reparación
de la salud pública?: Toda la sociedad.
Y no es un ítem menor en la factura social de la comunidad.
Como mínimo equivale a un 10 por ciento del total del
rubro transporte, sector que consume la tercera parte del
PBI de una ciudad tipo, según un reciente estudio.
El 66 por ciento del rubro costos sociales y ambientales se
debe al auto particular.
A priori, para quienes lo usan significa la compra, el mantenimiento,
el gasto de combustible y el seguro por accidentes. Para las
administraciones, importa financiar la infraestructura vial,
de seguridad y estacionamientos, necesarios para que los coches
circulen, y la reparación de todo daño que pudiera
ocasionar en la vía pública, además del
socorro de las víctimas.
Pero hay otros gastos derivados del uso del vehículo
privado, no tomados en cuenta en el balance comunitario, que
acaba pagando toda la sociedad. Es lo que se conoce como factura
social y ambiental.
Son costos externos, que, entre otros aspectos, incluyen los
daños por accidentes que no cubren las aseguradoras,
las muertes y amputaciones vitales con secuelas de invalidez
en personas, los resultados del cambio climático global
por la emisión de gases contaminantes, la polución
ambiental (con el ruido
incluido), y las pérdidas en tiempo o
de producción por las ausencias en lugares de trabajo.
En el caso del auto en Catalunya, España, estos gastos
del transporte ascienden a 3.170 millones de Euros al año.
O, lo que es lo mismo, a cada catalán, tenga coche
o no, le corresponde abonar más de 500 euros anuales
para soportar el sistema.
Este es uno de los datos más relevantes de un estudio
sobre los costos sociales y ambientales del transporte, encargado
por la Consejería de Política Territorial y
Obras Públicas. El trabajo calcula por vez primera
estos valores, en todos los modos de transporte, públicos
y privados, tomando como base los datos del 2001.
El sistema genera una erogación total de 48.815 millones
de euros al año.
La cifra no es baladí, ya que equivale a una tercera
parte del PIB catalán, según dijo Manuel Nadal,
secretario de Mobilitat, durante la presentación del
estudio. “Conocer estos importes al detalle nos ayudará
a determinar políticas más coherentes en materia
de transporte”, manifestó.
El estudio, encargado por el anterior gobierno, fue entregado
a los responsables de la Consejería en septiembre último.
Los actuales dirigentes prevén utilizarlo para redefinir
actuaciones sobre movilidad.
El informe incluye una estimación de los importes en
el 2010 en tres escenarios distintos. Uno, si no se hace nada.
El segundo, si sólo se invierte en los planes de infraestructuras
y de servicios aprobados. Y, por último, si se aplican
medidas de incentivo del uso del transporte público,
lo cual permitiría reducir la cuenta social y ambiental
en 2.500 euros al año.
El 9,7% del total –4.240
millones de euros– es la factura social
y ambiental. En este capítulo, el vehículo privado
–coches y motos– concentra
los 3.170 millones, el 66,5% de esta erogación. Le
sigue el transporte de mercancías por carretera con
962 millones por año, el 20,1%.
Los distintos sistemas de transporte público tienen
una cuantía mucho menor: 228 millones el autobús
y el metro, y 193 el tren de pasajeros; el transporte aéreo
de pasajeros genera 194 millones de gasto y, en la cola, están
los casi inexistentes ferrocarril de mercancías (21,5
millones) y aéreo de mercancías
(5,5 millones).
La principal repercusión de esta factura se nota en
los accidentes de tránsito, que concentran el 33% del
gasto (1.567 millones de
euros). En este apartado están, además
de los daños directos no soportados por las aseguradoras,
los indirectos debidos a la pérdida de capacidad de
producción y otros, irremediables, como la pérdida
de vidas y el dolor de las víctimas.
En segundo lugar, la aceleración del cambio climático
por la emisión de gases tóxicos y contaminantes
(1.158 millones; 24%);
los efectos provocados por las obras de construcción
y mantenimiento de la infraestructura (509 millones;
10,6%); el sobrecosto que causan los atascamientos
(335 millones; 6,9%); las molestias
y enfermedades con origen en el ruido (285 millones;
5,9%), o los efectos de la polución (280
millones; 5,8%).
