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El
gas, la última oportunidad
que tiene Bolivia para proyectarse como nación
Por José Carvallo Aravena *
En los tiempos modernos, el desarrollo de las sociedades está
íntimamente ligado al uso de los energéticos.
La Revolución Industrial no hubiera sido posible sin
la hulla y no hubiera alcanzado los niveles que tuvo sin los
hidrocarburos. Su control ha sido la causa de la mayor parte
de las guerras en las dos últimos siglos.
No
puede concebirse en la actualidad una sociedad moderna sin
una adecuada política energética y como es natural,
en torno a ella se han generado polémicas que han trascendido
al aspecto puramente técnico e incursionaron en el
político.
"Gran
parte del progreso industrial moderno reposa en el petróleo.
Sin combustible y energía, sería imposible la
existencia del poderoso organismo industrial que sustenta
el progreso humano y prepara el advenimiento de nuevas y más
avanzadas formas de organización", afirma a propósito
Sergio Almaraz en "Petróleo en Bolivia".
En
el caso de Bolivia, el debate sobre los hidrocarburos, se
remonta a las postrimerías del siglo XIX y es en la
tercera década del siglo XX cuando se comprende que
estaban llamados a fijar, en buena medida, el desarrollo del
país.
La
Guerra del Chaco, tuvo como una de sus causas, no la única,
el control de los recursos hidrocarburíferos del Chaco.
Bolivia y Paraguay ligaron a sus aspiraciones geográficas
al control de dichos recursos comprendiendo que su desarrollo
tenía como elemento indispensable una base energética.
La
Standard Oil y la Royal Dutch Shell pusieron sus intereses
monopólicos, Bolivia y Paraguay pusieron los muertos.
Sergio Almaraz afirmaba que no existe producto como los hidrocarburos
cuyo control esté concentrado en tan pocas manos. Un
grupo de oligopolios, cuyo número no sobrepasa el de
los dedos de la mano, determina los precios, controla los
campos y la producción y, en suma, controla los destinos
del mundo.
Este
aspecto es básico para comprender la problemática
de los hidrocarburos, un tema en el cual la soberanía,
la autodeterminación, principios básicos de
la convivencia entre las naciones, han sido frecuentemente
vulnerados y desconocidos en aras de los intereses supremos
de las empresas petroleras multinacionales.
Bolivia y los hidrocarburos
Los primeros trabajos de prospección y explotación
petrolera, se iniciaron en Bolivia el año 1895, en
la zona de Incahuasi, departamento de Chuquisaca, aunque es
recién en 1916 y 1920 que las empresas Farquardt
(inglesa) y Calacoto (chilena)
realizan los primeros intentos serios de exploración
en Cuevo y Charagua (Santa Cruz)
y en Pacajes (La Paz), sin obtener
resultados positivos.
Es
así que hasta 1925, la producción hidrocarburífera
en el país era ínfima, aún cuando desde
1916 se otorgaron concesiones que llegaban a las tres millones
de hectáreas. Se
daba de este modo la paradoja que la más moderna maquinaria
de explotación minera, en ese entonces la única
base de la economía nacional, era activada por combustibles
primitivos como el estiércol y leña.
El
primer intento coherente de normar la explotación de
los hidrocarburos se da en 1921, año en el que, el
2O de junio, es dictada la Ley Orgánica del Petróleo.
Esta primera disposición contiene en su artículo
1, un precepto que se mantendría en las posteriores
legislaciones y que en la actualidad sigue constituyendo un
aspecto básico: que los hidrocarburos son de propiedad
del Estado.
Se
incluyen, además aspectos que continúan vigentes
hasta hoy en las sucesivas legislaciones petroleras como la
obligación de producir un volumen determinado a partir
de un plazo establecido.
En
el artículo 40 de dicha norma y a despecho del credo
liberal que la inspiraba, se establecía que "el
gobierno vigilará la explotación de los yacimientos
y fiscalizará las operaciones de las empresas, no sólo
para asegurarse en la participación de impuestos, sino
también para organizar convenientemente la industria
en beneficio nacional, y para combatir el acaparamiento de
la producción, transporte, almacenaje y comercio del
petróleo, sus similares y sus derivados".
En
el tema impositivo la Ley Orgánica del Petróleo
en su artículo 39 señalaba " Las compañías
que se organicen para la exploración o explotación
de yacimientos petrolíferos y sus similares tendrán
domicilio legal en la República, y estarán sujetas
a todas las obligaciones existentes o que se estableciesen
en lo sucesivo". Reforzando este criterio, en el artículo
47 se dispuso que "las concesiones quedarán sujetas
a los impuestos creados o por crearse".
A
pesar de que las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica
del Petróleo, eran evidentemente favorables a los intereses
del país, ni el Estado boliviano ni las empresas la
respetaron. El contrato suscrito en 1922 con la Standard Oil
daba a esta empresa ventajas que estaban lejos de su letra
y espíritu. "La nueva ley nació muerta",
afirma en forma contundente Sergio Almaraz.
La guerra del Chaco y la Standar Oil
De acuerdo al contrato, la Standard Oil tenía dos años
improrrogables para proceder a la ubicación definitiva
del millón de hectáreas objeto de la concesión
y cumplido este término debía entrar en el periodo
de explotación, dentro del cual estaba obligada a perforar
un pozo por cada 50 mil hectáreas y producir dos millones
de barriles anuales de petróleo.
Según Almaraz, el incumplimiento de estas cláusulas
estaba penado con multas y con la reversión parcial
al Estado de los yacimientos no explotados. Además,
en el periodo de explotación, los impuestos eran más
altos.
Esas
cláusulas nunca se cumplieron. De esta forma, la intención
del contrato, que era conseguir mayores recursos para el país
provenientes de la explotación del petróleo,
quedó frustrada y no se cumplió la esencia misma
del contrato a pesar de que la Standard produjo importantes
cantidades de petróleo.
El
diputado Pedro López, citado por Sergio Almaraz, sostuvo
que la Standard Oil defraudó al Estado boliviano entre
1922 y 1936, en dos millones de bolivianos. Pagó 1.003.000
bolivianos cuando debió haber pagado 3.202.000 bolivianos.
Estas cifras corresponden a la moneda de la pre-guerra.
Durante
la guerra del Chaco, la empresa proclamó su "neutralidad",
frente al conflicto y trató de preservar su "derecho"
a continuar haciendo buenos negocios, ya sea vendiendo combustible
a precios altos al ejército boliviano o, en su caso,
asegurándose se respeten sus concesiones en caso que
Bolivia sea derrotada y que el Paraguay llegue a los campos
petroleros.
Bolivia
fue derrotada pero no llegó a los campos petroleros
y la presencia de esta empresa en el país fue unánimemente
cuestionada en el periodo de las post guerra.
Según
Almaraz en el Petróleo en Bolivia, el senador estadounidense
Huey Long, en 1934, no ahorró adjetivos hacia la Standard
Oil a la que calificó como "criminal, malhechora,
asesina, fascinerosa, conspiradora internacional" y a
sus directivos como "hato de salteadores y ladrones rapaces,
conjunto de vándalos y ladrones".
El nacionalismo de la post guerra
La evidente doble moral con la que actuó la Standard
Oil durante la Guerra del Chaco y las visibles contradicciones
de la economía nacional, movió la conciencia
del país y tuvo su expresión en un movimiento
que fue descrito como el "nacionalismo de la post guerra".
"Fue
un movimiento popular al que se sumaron los obreros, estudiantes,
intelectuales democráticos que buscaban la transformación
de la estructura económica y política del país,
y a este movimiento se debe la acción más importante
de la historia boliviana: la nacionalización del petróleo",
escribe Almaraz.
El
13 de marzo de 1937, el Presidente David Toro dicta una Resolución
Suprema declarando la caducidad de las concesiones petrolíferas
de la Standard Oil y la reversión de todos sus bienes
al Estado, representado por la recién creada Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos, (YPFB).
La
empresa recurrió a todos los medios a su alcance para
anular la medida y amenazó con recurrir ante la Corte
Internacional de La Haya pero al final el caso llegó
a la Corte Suprema de Justicia, la cual se movió entre
dos presiones: las de la propia empresa y las del movimiento
popular, que según Almaraz "estaba convencido
de que no se trataba solamente de la defensa de una riqueza;
el significado de la lucha era mayor, pues se trataba de hacer
respetar al país y sus leyes, de defender la dignidad
nacional y el derecho de proclamarse ciudadanos de una nación
soberana".
Al
final, la Corte Suprema dictó una sentencia que fue
descrita por académicos cochabambinos como "asexuada
e inocua", por cuanto deslindaba las responsabilidades
de la Standard sobre las acusaciones más graves como
el de defraudación al Estado, sobre cuya base, en lo
posterior, la empresa pretendió una indemnización.
YPFB, un hito en la defensa de los recursos
El 21 de diciembre de 1936, mediante Decreto-ley, es creada
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos empresa
a la que se le encarga "la exploración y explotación
del petróleo y sus derivados dentro de las zonas que
se le asignasen especialmente: como también la comercialización,
transporte y exportación del petróleo y sus
derivados dentro de todo el territorio de la República".
Durante
el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y durante todo
el desarrollo de este, siguiendo los conceptos de la política
del "buen vecino", impulsada por el presidente de
EE.UU, Franklin Delano Rossevelt, ese país olvida los
"agravios" contra la Standard e impulsa el fortalecimiento
de YPFB, dándole, además, el papel de gestor
del desarrollo industrial, utilizando los recursos que generaba
para lograr la diversificación económica, para
lo que se crea la Corporación Boliviana de Fomento.
El
15 de noviembre de 1946, se firma un contrato entre YPFB y
la Foster Wheeler Co. para la instalación de una refinería
en Cochabamba y en febrero de 1947 se firma otro para la construcción
de otra refinería en Sucre.
Existía
la conciencia de que poco valía disponer de los hidrocarburos
si es que no se podía refinarlos, con plena soberanía
sobre este proceso.
El 26 de octubre de 1955 el gobierno de Víctor Paz
Estenssoro aprueba el nuevo Código del Petróleo
en el que se levanta la reserva fiscal. "La nueva Ley
modificó la tradición jurídica boliviana
de los últimos 35 años en materia petrolera
colocando al país en el punto de partida: 1920",
dice Sergio Almaraz.
De
este modo, la política nacionalista aplicada en la
minería no tenía un reflejo en la política
en materia petrolera por cuanto el capital nacional no tenía
posibilidades de emplearse en la explotación del petróleo
debido a la naturaleza de las condiciones que establecía
el Código.
De
acuerdo a la nueva Ley, el Estado tiene una participación
del 11 por ciento por concepto de regalía, aspecto
que es determinado por el artículo 104 que indica "Corresponderá
al Estado una participación o regalía del 11
por ciento del petróleo crudo, gas natural, asfalto
natural y demás sustancias extraídas y aprovechadas
por el concesionario. Dicha participación será
medida en el campo de producción". Además
de la regalía, el Código del Petróleo,
señala un impuesto fijo del 30 por ciento sobre las
utilidades líquidas.
Sin embargo, el artículo Octavo dejaba serias dudas
sobre la capacidad del Estado para definir una política
hidrocarburífera y afectaba su soberanía. En
el se disponía que "El concesionario representará
al Estado en la exportación del producto crudo y sus
derivados".
Almaraz califica como "extrañas", las facultades
que otorga a las petroleras el artículo 8 ya que equivalen
a otorgarles un cierto status para orientar la política
exterior boliviana.
Considera,
además que "las líneas defensivas de la
economía del país contra la penetración
de los monopolios extranjeros, ha recibido un golpe de muerte.
"La riqueza más importante de Bolivia, la que
según todas las evidencias, se transformará
más o menos pronto en el eje de la economía
nacional, ha pasado graciosamente a manos del capital extranjero".
La
opinión de Almaraz sobre la legislación petrolera
aprobada en el gobierno de la Revolución Nacional es
absolutamente crítica. "No hay ningún documento
de la historia económica boliviana más falto
de sensibilidad para la defensa de los intereses nacionales
y más patéticamente indiferente para con el
futuro de Bolivia que esa infortunada Ley", afirmaba.
Sin
embargo, el resultado no podía ser otro. Los abogados
que redactaron el Código son miembros de la oficina
jurídica norteamericana "Shuster and Davenport".
El denominado Código Davenport pasó a ser sinónimo
de entreguismo y de evidente desprecio de los intereses nacionales
en beneficio de los de las empresas transnacionales.
La Gulf
Como una consecuencia lógica de dicho Código,
se firman el 23 de mayo de 1956 con la Gulf Oil Company, los
contratos llamados de "Financiación de Oleoductos"
y "Contrato de Operación". El primero se
refiere al préstamo de cinco millones de dólares
que recibirá YPFB para la construcción del oleoducto
Sicasica-Arica y el segundo establece las bases de la concesión
otorgada a la compañía norteamericana para la
exploración de un área ubicada en la zona asignada
a YPFB.
A partir de la década de los 60 surge una generación
de intelectuales bolivianos de izquierda, que toma como eje
central de su propuesta, la defensa de los recursos naturales.
La nacionalización de la Gulf y "no perder el
gas" se constituye en la principal bandera de ese grupo,
que recoge el ideario de Adolfo Perelman, estaba encabezado
por Sergio Almaráz y tenía como a sus principales
exponentes a René Zabaleta Mercado, Marcelo Quiroga
Santa Cruz y José Ortíz Mercado, entre otros.
En 1970, durante el gobierno del Gral Alfredo Ovando y cuando
Marcelo Quiroga Santa Cruz, ocupaba el cargo de Ministro de
Energía e Hidrocarburos, se decide la nacionalización
de la Gulf, en medio de una trama de características
novelescas. La empresa no estaba dispuesta a renunciar fácilmente
a sus intereses y se presentaba en el país una aguda
polarización entre dos concepciones distintas de país.
Una que confiaba más en la fuerza del capital extranjero
y otra que radicaba sus esperanzas en la capacidad vital del
país.
En esa etapa, las universidades juegan un papel de primer
orden hacia el esclarecimiento del rol que deben jugar los
hidrocarburos en el desarrollo nacional.
En el Foro Nacional sobre el Petróleo y Gas, realizado
el 5 de diciembre de 1967 en la Universidad Mayor de San Simón,
en Cochabamba, Sergio Almaráz, afirma que Bolivia es
más gasífera que petrolera y plantea ya interrogantes
sobre su futuro uso lanzando la propuesta de establecer una
industria petroquímica.
Las reservas, en esa época, aún no permitían
vislumbrar la posibilidad de exportar el gas al Brasil, pero
si a la Argentina con un volumen de 300 millones de pies cúbicos
al día, con lo que se obtendría un ingreso bruto
equivalente un tercio del obtenido por las exportaciones de
estaño, para ese año, es decir, aproximadamente
25 millones de dólares.
La posibilidad de instalar una planta petroquímica
fue planteada de forma explícita. En una primera etapa
estaría dirigida a la producción de fertilizantes
y explosivos.
Gas al Brasil
El Foro-Debate "Gas, petróleo y Miseria"
desarrollado también en la Universidad Mayor de San
Simón del 7 al 11 de noviembre de 1978, aprobó
un documento en que se afirmaba "que la venta de 400
millones de pies cúbicos diarios de gas natural al
Brasil, constituye un atentado a la economía nacional
que posterga temporal o definitivamente la industrialización
nacional, principalmente en lo referente a los programas petroquímicos
y siderúrgicos. El total de las reservas para esa época
estaba calculada en 4.5 trillones de pies cúbicos.
La
Ley General de Hidrocarburos dictada durante el gobierno de
facto de Hugo Banzer establece la figura de los Contratos
de Operación en el que las contratistas obtendrán
hasta un 50 por ciento de los beneficios.
Teniendo
como base esta disposición, el gobierno de Banzer inició
en 1974, a pesar de la oposición de la gran mayoría
de las organizaciones populares, los primeros contactos para
concretar la venta de gas al Brasil, en oportunidad de la
visita que realiza el país el presidente Ernesto Geisel.
Dos años antes se había iniciado la venta de
gas a la Argentina.
Posteriormente
son suscritos los protocolos, en 1978 entre Ernesto Geisel
y Juan Pereda; en 1984 entre Joao Batista Figueiredo y Hernán
Siles Suazo y en 1988 entre José Sarney y Víctor
Paz Estenssoro. La exportación al Brasil se inicia,
finalmente, en 1998. Banzer, esta vez sin oposición,
culminaría la acción que inició 26 años
antes.
El
periodista Andrés Soliz Rada, que fue una de las cabezas
más visibles de la oposición a la venta de gas
al Brasil en 1984, esta vez era parte de un partido miembro
de la coalición que sustentaba a Banzer.
El
debate sobre los hidrocarburos no ha concluido. Es más,
apenas comienza y es necesario conocer todo cuanto se ha avanzado
¿o retrocedido?, en la formulación de una verdadera
política nacional sobre los hidrocarburos.
Ningún
recurso natural ha generado mayor debate que el gas. Este
aspecto tiene razones históricas y existe una conciencia
de que este recurso no debe ser desperdiciado porque en el
se basa la proyección y viabilidad de Bolivia como
nación.
Como
es natural, en el curso del debate, se han generado diversas
y encontradas posiciones, que en lo esencial no difieren de
aquellas generadas desde fines de los años 60, cuando
se comenzó a discutir sobre la pertinencia de exportar
gas a la Argentina y se daban los primeros pasos para hacerlo
hacia el Brasil.
En
el curso del debate histórico existen elementos comunes:
el volumen de las reservas, la propiedad sobre este recurso
y las posibilidades de industrializarlo. En el último
tiempo, el tema de la reivindicación marítima,
ha estado directamente ligado al problema gasífero.
Los
elementos están sobre el tapete. Corresponde a los
bolivianos asumir una decisión de carácter histórico.
El gas se presenta como la última oportunidad para
proyectarnos hacia el futuro como nación. (ABI)
Nota.- Todas las citas corresponden a la obra de Sergio Almaráz,
Petróleo en Bolivia, editorial El Siglo, 1969, La Paz,
Bolivia.
* Periodista de la ABI
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