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España
tendrá que reducir su consumo de energía
El
gobierno español anunció el plan para penalizar
a los sectores industriales que emiten gases con efecto invernáculo
(GEI),
para evitar el calentamiento del planeta y cumplir los compromisos
del Protocolo de Kyoto.
El sector más afectado es el eléctrico que tendrá
que reducir sus emisiones en 18 millones de toneladas por
debajo de lo que tienen estimado contaminar entre 2005 y 2007.
Esto equivale a una reducción del 6,5% respecto a la
situación actual. Para hacer frente a esta decisión,
las eléctricas incurrirán en gastos que pretenden
trasladar al consumidor en forma de tarifas. Sin embargo,
la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió
de que éstas serán “mínimas”.
El borrador del Plan Nacional de Asignación de derechos
de emisión de CO2 contempla limitar a 396 millones
las toneladas de dióxido de carbono a toda la industria
española entre 2005 y 2007. Esto supone una reducción
del 0,4% anual sobre los niveles de emisión del año
2000, un cambio de tendencia muy significativo, ya que desde
1990 la industria española a causa del fuerte desarrollo
económico e industrial incrementó sus emisiones
un 39%. Con este plan el gobierno impone un cambio de tendencia;
no sólo se frena el incremento de emisiones, sino que
se empieza a reducir suavemente durante el periodo de prueba
(2005-2007) para descender drásticamente
a partir de 2008 y hasta 2012.
A pesar de esta reducción de las emisiones, España
en 2012 producirá un 24% más de CO2 de lo que
emitía en 1990, año de referencia. Aunque el
protocolo de Kyoto permitía a España incrementar
sus emisiones un 15% para completar su convergencia con Europa
(el núcleo desarrollado de Europa tendrá que
reducirlas un 5%), el fuerte desarrollo y la
ausencia de políticas de ahorro hará que sobrepase
un 9% su compromiso.
El acuerdo internacional contempla mecanismos de flexibilidad,
uno de ellos llamado “sumideros”
(reforestación de bosques que absorban el CO2 de la
atmósfera), con ello gana un margen del
2%. El 7% restante tendrá que conseguirlo comprando
derechos de emisión a los países menos contaminantes
y por tanto, excedentarios en derechos de emisión.
Esto es 100 millones de toneladas, que a un precio estimado
de 10 euros por tonelada, equivale a un gasto en torno a 1.000
millones de euros, en el caso de que industria y consumidores
cumplan los planes de eficiencia y ahorro energético.
El sector eléctrico ha sido al que se exigen mayores
esfuerzos. Para el periodo 2005-2007 se le pide que reduzcan
sus emisiones un 6,5%. La mayoría de las eléctricas
tenía previsto emitir 290 millones de toneladas y sólo
se le autorizan 264 millones, 18 millones menos. Esto supone
un recargo en torno a 60 millones de euros anuales, según
las estimaciones de la administración.
Las compañías pretenden que este sobreprecio
se traslade al consumidor. Así el consejero delegado
de Unión Fenosa, Honorato López Isla, advirtió
que las tarifas eléctricas probablemente suban por
encima del dos por ciento previsto en el actual modelo tarifario.
Sin embargo, Iberdrola mantiene que las tarifas no tienen
que subir y que los cambios pueden absorberlos las compañías.
La tesis de Iberdrola la comparte plenamente la ministra de
Medio Ambiente, que afirma que el impacto en tarifas “va
a ser mínimo”.
A pesar de esta exigencia al sector eléctrico, todas
las compañías han calificado el proyecto del
gobierno de moderado y se han mostrado “razonablemente
satisfechas”. Sin embargo, la resolución no afecta
a todas por igual.
Según los analistas, la más favorecida ha sido
Iberdrola, ya que al producir electricidad con saltos hidráulicos,
energía nuclear y gas, es la que mejor posicionada
estaba. Esta es la razón por la que desde el principio
se mostró más exigente en el cumplimiento de
Kyoto. La compañía solicitaba que se redujeran
los derechos a 209 millones de toneladas, frente al resto
de que pedía 290 millones.
El gobierno se ha acercado más a la tesis de Endesa
al fijar el tope en 264 toneladas. Sin embargo, le ha dado
la razón a Iberdrola cuando pedía que los derechos
de emisión no se dieran al sector en su conjunto, sino
a cada instalación: como ha dicho el Ejecutivo, “que
cada palo aguante su vela”. Por el contrario, al resto
de sectores industriales les ha permitido compartir los costes
entre todos.
Al resto del sector industrial le corresponden 71,72 millones
de toneladas anuales
(215 millones en el trienio), incluidos los
aumentos de capacidad, lo que supone prácticamente
el 90% de las peticiones realizadas por los distintos sectores.
El plan introduce mecanismos de flexibilidad, como el de proyectos
de Desarrollo Limpio. Se trata de invertir en países
menos contaminantes como los de Latinoamérica, del
Este y la ribera del Mediterráneo, y compensar con
ello los excesos que se producen en España. Esta fórmula
favorece fundamentalmente a Endesa, que tiene grandes inversiones
hidroeléctricas en el Cono Sur y de esta manera puede
compensar el exceso de emisiones que produce.
Gas Natural, que ha calificado el plan de “equilibrado
y realista”, es otra de las compañías
mejor paradas, ya que toda la energía que produce es
a través de ciclos combinados de gas y electricidad
y tiene presencia en Latinoamérica con inversiones
poco contaminantes.
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